La diputada Sara Concha, junto a representantes de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y de los Blancos del Laja-Diguillín de Bulnes y San Ignacio, llegó este viernes hasta la Contraloría Regional de Ñuble para hacer entrega formal al contralor regional, Daniel Fernández Vega, del pronunciamiento oficial de la Cámara de Diputados sobre el Informe de la Comisión Especial Investigadora N.º 58.
Este documento da cuenta de graves irregularidades por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, al dictar la Resolución Exenta N.º 2320 del 30 de agosto de 2023.
Dicha resolución aumentó de 22,6 a 33 m³/s los caudales que puede administrar la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu del río Laja, presidida por Patricio Sabag Villalobos, afectando directamente al canal Laja-Diguillín y a miles de agricultores de la región de Ñuble.
Junto al pronunciamiento se adjuntó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictada el 9 de junio de 2025, que dejó sin efecto la Resolución 2320 por considerar que la DGA actuó fuera de sus competencias, vulnerando las atribuciones establecidas en el Código de Aguas.
En ese sentido, la diputada Concha aseveró que el informe aprobado el pasado 15 de mayo mostró “una contundente respuesta a las irregularidades que hoy día existen y que perjudican a nuestros regantes”.
“Hoy día estos antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República y esperamos, Junto a la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y los Blancos del Río Diguillín, que también desde la Contraloría acá en Ñuble se puedan pronunciar ante esto. Tenemos nuevos antecedentes que respaldan todo lo que hemos señalado respecto a las irregularidades” aseveró Concha.
La parlamentaria destacó, por sobre todo, el perjuicio que existe sobre el agua de la región de Ñuble. “Es algo que no tiene discusión, seguiremos levantando los antecedentes para lograr equidad en la repartición del agua. Esperamos la pronunciación del contralor de Ñuble”.
Además, se incluyeron antecedentes que han sido derivados a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Comisión Nacional de Riego, entidad que a su vez los remitió al Ministerio Público por una eventual falsificación de documentos, mediante la cual se habrían obtenido recursos fiscales de manera irregular.
Se espera coordinar una reunión con el fiscal regional para evaluar qué acciones pueden impulsarse desde Ñuble.
