La Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus Afluentes vivió un hecho histórico este martes con la primera visita de un Director General de Aguas, en sus 112 años de existencia. La máxima autoridad de la DGA, Rodrigo Sanhueza Bravo que asumió la dirección nacional recientemente en agosto, visitó la sede de la Junta de Vigilancia para una reunión de trabajo a la que llegó acompañado del director regional de la DGA Marcelo Godoy Toro, el Jefe del Departamento de Organizaciones de Usuario de nivel nacional Nicolas Ureta, y Alejandro Hernández agente regional de expedientes. Sesionó por más de 3 horas con la directiva de los regantes que preside Juan Carlos Villagra, con asistencia de los directores Jorge Alamos Rodríguez, Fernando Serrano Gallegos, Ricardo Vázquez Sandoval, Rodrigo Trucco Britto y Gerardo Carrasco Parada, y del juez de río Francisco Saldías Muñoz y del gerente técnico Sebastián Bastías.
Mostró especial interés en el trabajo que efectúa la Junta de Vigilancia para cumplir las nuevas exigencias del Código de Aguas, que buscan perfeccionar los derechos de agua y solicitar su Registro en el Catastro Público de Aguas
Sanhueza y su equipo mostraron especial interés en el trabajo que viene realizando la Junta en perfeccionamiento, regularización, e inscripción de títulos de aguas de sus asociados en el Catastro Público de Aguas de la DGA, para cumplir con las normas establecidas por el Código de Aguas en beneficio de sus asociados, entregando soluciones corporativas en dos frentes.
El primero es una inédita solución masiva, a cero costos para el agricultor y que beneficia el universo de regantes que suma unos 2.400 agricultores del rio Diguillín. El costo lo asume la Junta con la obtención de las inscripciones de aguas con certificado de dominio vigente del Conservador de Bienes Raíces y su tramitación en el portal de la DGA. Se busca en una primera etapa lograr dentro del plazo de 18 meses que establece la Reforma al Código de Aguas, al mes de octubre de 2023, una solución provisoria pero práctica, por cuanto cada agricultor cumplirá con las exigencias de la Ley, evitando multas o la pérdida de derechos de agua. En este ámbito ya se ha beneficiado a 842 pequeños y medianos agricultores al subir sus inscripciones al portal de la DGA. En una segunda etapa lograr el certificado definitivo, con el perfeccionamiento e inscripción de los títulos, conforme lo exige la Ley.
Para lograr este objetivo se efectúa un trabajo pionero en apoyo de los parceleros ex Cora, que busca perfeccionar sus títulos de aguas con las características del derecho con una nueva resolución aclaratoria y complementaria por parte del SAG, dando solución a las parcelas, sitios y reservas a los cuales se les distribuyó el agua durante la reforma agraria en el país, a esta solución puede optar unos 1.600 agricultores que son sucesores de los asignatarios de parcelas asociados a la Junta, en su gran mayoría pequeños y medianos agricultores.
Directiva que preside Juan Carlos Villagra pudo presentar a la autoridad los principales temas que los inquietan como usurpación de aguas del Canal Zañartu, extracción ilegal de áridos del rio, necesidad de contar con el Embalse Zapallar y recarga de acuíferos.
También se pretende lograr certificados definitivos en un plazo de 5 años a partir del abril pasado, lo que beneficiará al resto que son unos 800 regantes del rio Diguillín, con derechos consuetudinarios que lograron sus inscripciones de aguas bajo el amparo de Comunidades de Aguas. En este caso se debe demostrar uso histórico del agua desde el año 1976 reuniendo todos los antecedentes, canal por canal e individualizando cada caso. La Junta cuenta con estos antecedentes y da fe que no existen conflictos.
El titular de la DGA felicitó a la directiva a de la Junta de Vigilancia por la administración: “Esta cuenca tiene algo super positivo es que está bien ordenada y esas son cosas que pesan al momento de decidir donde construir o no una obra” y agregó “esta cuenca tiene otro peso, y ese peso específico debe estar en la mesa y aprovechar que la autoridad está por apoyar cualquier iniciativa que beneficie al valle”. También ofreció todo su apoyo en el tema de regularizaciones de derechos de agua y otras instancias para que todos puedan cumplir con la ley.
Durante la reunión se plantearon la mayoría de los temas que inquietan a los regantes del Diguillín, como la incorporación de nuevos regantes (Los Blancos) al sistema Laja-Diguillín, donde existe un rezago de cerca de 8.500 hectáreas que cuentan con reserva de aguas del Lago Laja a cautela de la Dirección de Obras Hidráulicas. En este tema explicaron que las organizaciones de agua correspondientes a la Junta están poniendo a disposición de las autoridades su red de canales, para que el Estado pueda hacer obras y adecuaciones para regar la superficie señalada.
También se pidió apoyo para el Embalse Zapallar, que es un elemento necesario para dar seguridad de riego a todo el sistema del Diguillín y para incorporar nuevas áreas de riego en la parte oriente, especialmente en San Ignacio y El Carmen que figuran entre las comunas más pobres del país y cuyos beneficiarios son en casi su totalidad pequeños productores agrícolas. La Junta es partidaria de que el Estado asuma esta obra a través del DFL 1.123 y no como obra concesionada debido al beneficio social que implica.
Se comentó que, si la obra estuviera construida, ya se habría llenado de agua tres veces por completo este año, por lo que además es interesante desde el punto de hidro generación. El titular de la DGA recomendó una reunión formal con la Dirección de Obras hidráulicas, donde señaló, que el tema de los embalses esta en redefinición, y comprometió su apoyo: “Este embalse como los de otras cuencas son solo beneficios. Más allá del tema ambiental que también hay que tener en cuenta”, indicó el director de la DGA.
Juan Carlos Villagra presidente de la Junta manifestó que también es de alto interés de la organización de usuarios de agua, continuar exploraciones en la zona para la recarga de acuíferos subterráneos, comentando que a nivel preliminar se ven buenos resultados, lo que en la práctica cumple el mismo papel que los embalses. La DGA., compartió la apreciación señalando que hay serios estudios sobre este tema a nivel regional y que hay que seguir reuniendo antecedentes.
Además, se tocó en la mesa el asunto del recurso que se lleva adelante con el Canal Zañartu, que la DGA en primera instancia dictaminó en forma fundada que sus derechos de agua no superan los 22,6 m3/s y se espera una respuesta de la DGA a recursos de reconsideración para estos días. Según Sanhueza se zanjará la situación en octubre de este año: “Aunque no podemos adelantarles nada”. Dicho canal alega derechos por 45 m3/s sin argumentos legales determinantes ni uso histórico de ese volumen de agua del sistema Laja. Con la sobre extracción que realizaba el canal Zañartu del Lago Laja ponía en serio riesgo, la recuperación de los niveles del lago Laja, fundamental para la agricultura de las regiones del Bío Bío y de Ñuble, el turismo y la generación hidroeléctrica de Chile.
Otros temas de la reunión fueron las extracciones ilegales de áridos del río Diguillín por parte de una empresa, que pese a las multas y resoluciones en su contra continúa interviniendo el río, lo que trae problemas serios a los regantes ya que cambia el curso del río y afecta a las bocatomas aguas arriba. También se planteó el caso de la resolución judicial que obliga a una empresa agrícola a desmantelar pretiles construidos en el rio, que desvían el caudal y causan problemas a otros predios, obras y regantes.
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