Señal de la Convención en el sentido de eliminar Código de Aguas y modificar la institucionalidad sobre derechos de aprovechamiento, provoca incertidumbre en regantes.
Treinta Juntas de Vigilancia, que son organizaciones de usuarios de agua que administran cauces desde la tercera a la Novena Región – incluyendo los ríos Ñuble, Chillán y Diguillín – representando a más de 250 mil regantes del país, se pronunciaron sobre las propuestas de la Comisión de Medioambiente de la Convención Constituyente, cuestionando sus alcances, ya que han expresado su determinación de caducar los derechos de aprovechamiento de aguas existentes y derogar todas las normas del Código de Aguas junto con la aprobación de la nueva Constitución, sin ofrecer explícitamente una alternativa viable.
Según explicó Juan Carlos Villagra, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y Sus Afluentes, que asocia a más de 2.300 regantes de la provincia de Diguillín, cualquier cambio con los regímenes del agua de riego requiere de gradualidad y conocimiento detallado de la realidad del sector: “Hoy la administración del agua, que implica conducción y reparto, es realizada y financiada íntegramente por los regantes y se estima, se requiere para esta tarea de unos 2.500 millones de dólares anuales a nivel nacional, según estudios recientes. En la actualidad todo indica que el Estado no tiene la capacidad presupuestaria, física y de recurso humano para asumir esta responsabilidad, que es lo que proponen los constituyentes. Hay que considerar que gran parte de las redes de canales existentes han sido construidas por privados y se extienden por cientos de miles de kilómetros”.
Agrega el dirigente que en la actualidad se vive una crisis hídrica que no permite improvisaciones: “La apuesta de los agricultores para cualquier cultivo rentable es un ciclo de varios años, que considera rotaciones, riesgos climáticos cada vez más frecuentes y factores externos de mercado. Ya de hecho, existe una inseguridad en cuanto al agua y lo que los regantes esperamos de la Constitución y las leyes, es una garantía y certeza jurídica para aprovechar el recurso existente y poder proyectar nuestros emprendimientos agrícolas a futuro, cumpliendo la noble misión de alimentar al país y el mundo”.
Juan Carlos Villagra, concluye que la nueva administración del país, considerando todos los factores ambientales, sociales y económicos que implica este tema, debería asumir un compromiso de Estado para la construcción de obras estratégicas de regulación de aguas. “A nivel local hay tres grandes obras pendientes que son el Embalse Zapallar, el Chillán y el Punilla, que sumados a la infraestructura existente para riego hacen de la Región de Ñuble una potencia agropecuaria que es clave en la seguridad alimentaria del país”.
Agrega que el proyecto Laja-Diguillín que se viene ejecutando hace dos décadas en Ñuble, a pesar de estar inconcluso, es una muestra clara del impacto productivo del riego; un incentivo al uso eficiente del agua y un polo de desarrollo económico, de producción y generación de empleo directo e indirecto.
