Los regantes del río Diguillín alertaron sobre severos perjuicios en el cauce natural y en las bocatomas debido la autorización de faenas de extracción de áridos en el sector Santa Juana, aguas arriba del Puente Urrutia, comuna de San Ignacio, cuyo límite con El Carmen es el eje del río. Asimismo, denunciaron el uso de subterfugios legales por parte de una empresa para obtener aprobaciones continuas a través de distintos titulares, en una longitud de aproximadamente un kilómetro del lecho del río, las que totalizan más de 532 mil metros cúbicos.
La Junta de Vigilancia del Río Diguillín (JVRD), junto a los vecinos del sector Santa Juana, de San Ignacio, presentaron denuncias ante los organismos respectivos, ya que las faenas de extracción, además de afectar la captación de agua para riego, también tienen impactos en el medio ambiente, en la calidad de vida de los vecinos y en las obras de encauzamiento que el MOP ejecutó el año pasado para brindar protección frente a crecidas.
Proyecto fragmentado
El 26 de agosto de 2025, la Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto “Ampliación del volumen de extracción y procesamiento de áridos Planta El Carmen”, solicitado por Misael Sáez, para extraer 343.840 m3 de material pétreo desde un pozo lastrero en el mencionado sector, donde ya contaba con una autorización para extraer 88.575 m3, lugar donde se ubica la planta de áridos de la empresa Promir.
Sin embargo, tanto la JVRD como los vecinos afirman que hay antecedentes que no se tuvieron a la vista en el proceso de evaluación ambiental, apuntando a una fragmentación del proyecto, dado que “la extracción, procesamiento y comercialización de áridos se realiza por una sola empresa, Promir SpA”. Sostienen que “existe un real subterfugio por parte de la empresa Promir, para obtener autorizaciones parcializadas por diferentes personas, en sectores ribereños y al interior del río Diguillín que se encuentran cercanos a la planta chancadora para tener un mayor beneficio económico”.
En una carta dirigida al delegado presidencial, Rodrigo García, los vecinos detallaron otras dos autorizaciones en beneficio de Promir: una, de Heraldo Saldaña, del 31 de enero de 2025, por 49.692 m3; y otra, de Joaquín Moreira, del 24 de julio de 2025, por 49.995 m3.
“Existen muchas fisuras legales y muchas situaciones que le permiten a las empresas salvarse de todo tipo de multas y responsabilidad”, expresó Francisco Saldías, gerente de río de la JVRD, quien sostuvo que la norma establece que las solicitudes de extracción de áridos que superen los 50 mil m3 deben ingresar a evaluación ambiental, por lo que las que se han presentado son de 49 mil y fracción. “La autorización la pide una persona a la municipalidad, que a su vez solicita el informe respectivo a la DOH, y con ese informe técnico la municipalidad aprueba”, explicó en Radio La Discusión.
Francisco Saldías apuntó, además, a errores en la delimitación comunal, que derivaron en que las autorizaciones las entregara la Municipalidad de El Carmen, en circunstancias que las faenas se están realizando en territorio de la comuna de San Ignacio.
“El problema es que esto no se comunica, y un día los vecinos se dan cuenta cuando llegan las enormes maquinarias al lecho del río, metiendo ruido. Y comienzan las reacciones, pedimos reuniones, pero ninguna resulta porque la empresa está trabajando con una autorización”, se lamentó Saldías.
“Creemos que eso es totalmente irregular y que se debería salvar, porque después viene otra persona en forma paralela y pide 49 996 m³ a menos de 1 kilómetro. Entonces, eso implica que el mismo beneficio diario es una empresa y esa empresa compra estas autorizaciones a estas personas naturales”, agregó el representante de la JVRD.
En ese sentido, tanto la JVRD como los vecinos exigieron que exista un mayor control en la autorización ambiental de estos proyectos, ya que la aprobación fragmentada impide conocer el real impacto de estas faenas en su conjunto.
Precisamente, el 9 de septiembre, la JVRD presentó una denuncia administrativa ante Contraloría, en contra de las actuaciones de la DOH y de la Municipalidad de El Carmen, “por estimar que dichas actuaciones vulneran la legalidad vigente y ocasionan perjuicios graves al cauce natural del río Diguillín, riberas, obras hidráulicas, al interés público y a regantes”.
