Los regantes del río Diguillín, futuros beneficiarios de la construcción del embalse Zapallar, pidieron al Ministerio de Obras Públicas -titular del proyecto- dejar abierta la alternativa del financiamiento fiscal para esta obra, ya que según se indica explícitamente en el estudio de impacto ambiental (EIA) reingresado el 11 de septiembre pasado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el contrato será adjudicado en concesión en junio de 2023.
Luis Bocaz Sandoval, presidente del comité pro embalse Zapallar, de San Ignacio; y Juan Carlos Villagra de la Sotta, presidente de la Junta de vigilancia del río Diguillín, afirmaron que es una muy buena noticia el reingreso del estudio -ya había sido presentado en septiembre de 2019 y retirado dos meses después- para construir el Zapallar, en su primera etapa, que se refiere al embalse que almacenará hasta 80 millones de metros cúbicos de agua y que permitirá transformar 10 mil hectáreas de secano a riego .
“La segunda etapa, por presentar -acotó Bocaz-, consiste en el sistema de distribución de las aguas a través de canales secundarios, que en San Ignacio beneficiará unas 3.500 hectáreas de 912 agricultores, con un promedio de 3,8 hectáreas cada uno; recordemos que ésta es la comuna más subdividida del país y una de las más pobres, antecedentes que conocemos porque apoyamos a la consultora MN-LEN el 2019 a reunir pequeños agricultores de los sectores beneficiados”.
Villagra añadió que “se tenía la esperanza que ambas etapas fueran ingresadas en esta oportunidad, no obstante, esperamos se presente prontamente esta segunda etapa”. Según se indica en el EIA, la segunda parte será presentada el próximo año.
El proyecto es una obra pendiente del sistema Laja-Diguillín, contempla una inversión total de US$349 millones y se ubicará en el río Diguillín, 12 kilómetros aguas abajo de la confluencia con el río Renegado, en el límite de las comunas de Pinto y El Carmen.
El Zapallar beneficiará a los agricultores de la zona al proporcionar, en conjunto con el canal Laja-Diguillín, una seguridad de riego del 85% a aproximadamente 44.630 hectáreas que son regadas gracias al canal y dotar de nuevo riego a 10 mil hectáreas de las comunas de San Ignacio y El Carmen, es decir, 54.630 hectáreas en total.
Se trata, en su mayoría, de pequeños agricultores, quienes gracias a la seguridad de riego podrán apostar por cultivos más rentables, como los frutales o las semillas, lo que les permitirá incrementar sus ingresos y generar empleos en comunas con altos niveles de pobreza.
Financiamiento
Los dirigentes, no obstante, criticaron que el EIA considere solo el modelo de concesiones para financiar el proyecto. “Lamentamos que el estudio en su reingreso al SEA nuevamente considere adjudicar el contrato a través de concesión, impidiendo dejar abierta la posibilidad que sea financiado a través del DFL 1.123-1981, que se refiere a las obras de riego que se ejecutan con fondos fiscales por su gran envergadura y que su reembolso se realiza en 25 años por parte de los beneficiarios, aparte del progreso para estos sectores rurales generalmente postergados”, indicó Bocaz, quien subrayó que la licitación será una tarea que le corresponde abordar al próximo gobierno.
En ese sentido, Juan Carlos Villagra anunció que expresarán su preocupación a las autoridades, con el objetivo de dejar abierta la decisión sobre el financiamiento. “Esperamos hacer llegar esta inquietud al Ministerio de Obras Públicas, para que en su calidad de titular del estudio de impacto ambiental, pueda rectificar su presentación dejando abierta la posibilidad a cualquier tipo de financiamiento de la obra”, sentenció.
En la región de Ñuble se conoce solo la experiencia de la concesión del embalse La Punilla, adjudicada en 2016, pero aún sin obras ejecutadas y paralizada debido a los problemas financieros que enfrentó la empresa concesionaria, que derivaron en que el MOP solicitara poner fin al contrato en septiembre de 2019.
Fuente: La discusión
http://www.ladiscusion.cl/regantes-lamentan-decision-de-concesionar-embalse-zapallar/
